RECHAZO AL PROYECTO DE LEY NACIONAL DE AGROTÓXICOS DEL DIPUTADO BASTERRA

Este Proyecto de Ley de agrotóxicos (llamados fitosanitarios para encubrir su carácter venenoso) es generado por los grupos sociales y políticos vinculados al agronegocio con el único objetivo de ampliar la IMPUNIDAD de una práctica agrícola que multiplica la utilización de pesticidas sumamente tóxicos y contamina y enferma a la población rural; contamina en forma creciente los alimentos que se llevan a las ciudades y queda su control en manos de instituciones vinculadas a la producción, profundamente coaptadas por el agronegocio y sin ningun interes en el ambiente y la salud colectiva. Han sido presentados otros proyectos de ley sobre agrotóxicos y fumigaciones orientados a proteger los derechos humanos y ambientales de nuestro pueblo, incluso uno generado en el 1º Encuentro Nacional de Médicos de pueblos Fumigados, pero no han sido considerados por el Congreso Nacional.

para acceder al proyecto de Ley de Medicos de Pueblos Fumigados 2010, haga click aqui:[download id=»107″]

para acceder al proyecto de ley Basterra 2015 haga click aqui:[download id=»106″]

Para el proyecto que actualmente se trata en el Congreso estas son nuestras principales objeciones:

1) USO Y APLICACIÓN DE AGROTOXICOS: FUMIGACIONES AEREAS

Debido a las problemáticas que se generan en los límites interprovinciales, donde se presentan soluciones normativas muy disimiles para las prohibiciones de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos en las adyacencias de los centros poblacionales, ello obliga a que una ley nacional regule el uso y aplicación de los biocidas, para garantizar una igualdad en la protección a toda la ciudadanía. Existen pruebas acabadas sobre la deriva incontrolable de los agrotóxicos en las fumigaciones aéreas. Por ello debe avanzarse definitivamente y sin dilaciones en la PROHIBICIÓN TOTAL DE LAS FUMIGACIONES AÉREAS CON AGROTOXICOS, a través de una ley nacional con alcance en todo el territorio nacional de modo uniforme. En ese sentido, le recordamos al poder político que la Comunidad Europea en el año 2009 a través de la Directiva 128/2009 CE avanzó en las prohibiciones de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos.

2) USO Y APLICACIÓN DE AGROTOXICOS: FUMIGACIONES TERRESTRES

Es necesario rechazar y anular las espurias pautas creadas y promovidas por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación que establecen burdamente distancias de 100 metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos en relación a los centros urbanos, las cuales se sustentan en pruebas falsas fabricadas por las cámaras empresariales del sector – utilizando agua y no los agrotóxicos que efectivamente se aplican -.

En virtud de ello, resulta imperioso que la ley fije pautas programáticas basadas en criterios científicos sinceros y transparentes para las aplicaciones terrestres de agrotóxicos en relación NO SOLO a las zonas urbanas sino también a los pueblos y escuelas rurales, cursos y espejos de agua, zonas de recargas de los acuíferos, centros apícolas y de producción de alimentos, etc, considerando las derivas primarias, secundarias y terciarias, y consecuentemente invitar a las provincia a que adhieran las mismas para que sean operativas.

Ley Basterra: IMPUNIDAD para contaminar y matar

Todos sabemos que si atendemos las derivas primarias, secundarias y terciarias de los agrotóxicos, las zonas de protección para las aplicaciones terrestres oscilan entre los 3 kms a 5 kms.

3) USO Y APLICACIÓN DE AGROTOXICOS EN LOS ALIMENTOS

El Proyecto de ley Basterra soslaya las implicancias del uso de agrotóxicos en la producción de alimentos, es decir, la exposición indirecta.

Gran parte de los alimentos de consumo directo como las hortalizas y frutas son sometidos a aplicaciones de agrotóxicos en el proceso de cultivo (por ejemplo a la Papa se le llegan aplicar hasta 40 agrotóxicos). La mayoría de esos venenos están clasificados en las categorías más altas en cuanto a su nivel de toxicidad (banda roja y amarilla) – como los inhibidores de las colinesterasas – cuyos efectos en la salud ( cancerígenos, genotóxicos, cenotóxicos, y neurotóxicos) implica exponer a la población a una situación de peligro de daño grave e irreparable.

Por ello, resulta necesario prohibir en forma absoluta el uso y aplicación de agrotóxicos de banda roja y amarilla en la producción de alimentos de consumo directo. Y en relación a los banda azul y verde fijar estrictos y rigurosos criterios de aplicación que aseguren cero residuo en los alimentos.

4) LOS RESIDUOS DE AGROTOXICOS EN LOS ALIMENTOS.

Consideramos que es imprescindible que la ley ASEGURE el derecho a gozar el máximo nivel de salud posible tal como lo garantiza nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

En SENTIDO CONTRARIO, el proyecto de Basterra permite el consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos al legitimar abiertamente los LMR (Limite Máximos de Residuos de agrotóxicos) dándole un cheque en blanco al SENASA para que los fije, cuando este ente público ya los ha establecido vía reglamentaria de un modo arbitrario al fundarlos en los valores guías, también fijados arbitrariamente por la JMPR (Grupo Sobre Residuos de Plaguicidas) , organismo internacional cuestionado por varios exponentes de la ciencia digna, en razón de los vínculos estrechos de muchos de sus miembros con las grandes corporaciones del comercio de agrotóxicos.

El piso de seguridad mínimo que debe exigirse para cumplir con el mandato constitucional, obliga a garantizar que nuestros alimentos no posean residuos de venenos, ante la incertidumbre que su presencia genera (la mayoría clasificados de máxima peligrosidad y declarados como probables o posibles cancerígenos), ello a sabiendas de que no existe un nivel seguro de exposición crónica a un agente tóxico.

Por ello exigimos limite Cero para los LMR.

5) METODOLOGIA DE LA CLASIFICACION DE LOS AGROTOXICO.

El debate de la ley de agrotóxicos debe tener como uno de los puntos esenciales la modificación de la metodología de clasificación de aquellos, contemplando los efectos crónicos que los mismos provocan. El proyecto Basterra mira para otro lado.

Todos sabemos, las empresas, la ciencia oficial, los organismos públicos, de la contaminación silenciosa de los agrotóxicos a través de la exposición crónica a los mismos, ya sea directamente por las fumigaciones o indirectamente por el consumo de alimentos envenenados.

El Defensor del Pueblo de la Nación instó a las autoridades y a los representantes del pueblo a contemplar en la metodología de clasificación de los agrotóxicos los riesgos crónicos. Su recomendación fue ignorada por el proyecto Basterra.

6) COMPETENCIA EN LA EVALUACION DE RIESGOS.

El proyecto de ley Basterra sigue dejando en manos del SENASA la competencia de la evaluación, autorización y control de los agrotóxicos. El SENASA en el marco de las funciones que le han sido asignadas, su norte es la Sanidad Vegetal y en consecuencia en sus equipos técnicos hay predominio de ingenieros agrónomos.

Por ello es irrazonable que las evaluaciones de riegos de los agrotóxicos – a los efectos de proteger la salud de la población – queden en manos de profesionales ajenos a la salud. La Auditoria General de la Nación ha dado cuenta en todos sus dictámenes sobre los graves déficits del SENASA para cumplir con su rol de evaluador y controlador de los agrotóxicos en relación a la salud pública.

Sobre este punto, debe exigirse que el órgano estatal se encuentre en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. En efecto, esta cartera ministerial, cuenta con un organismo como el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) que tiene competencias idénticas al SENASA, aunque referidas a los agrotóxicos utilizados a pequeña escala (domisanitarios) y que ha mostrado mayor eficacia en su proceder preventivo y precautorio. Así hoy nos encontramos que muchos agrotóxicos prohibidos como domisanitarios por el ANMAT aun siguen autorizados para la producción agropecuaria y de alimentos por el SENASA. (Ejemplo: Clorpirifos, Dimeteoato, Malatión y Diazinón).

Sin perjuicio de ello, debemos advertir que el Observatorio Científico Técnico que el proyecto de ley crea en el ámbito del SENASA carece de una representación científica amplia que garantice independencia.

Sabemos el rol que tienen muchos entes oficiales (como el CONICET, el INTA y el INTI) cuyos miembros poseen serios conflictos de intereses como así también el proceder de las empresas del sector que coaptan subrepticiamente a funcionarios y científicos, los cuales terminan siendo operadores de aquellas en los estamentos oficiales y públicos.

7) ALCANCES DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS.

El proyecto de ley de Basterra no salva las graves omisiones que la reglamentación actual posee en cuanto a las evaluaciones de riesgos de los agrotóxicos.

Resulta necesario que tanto los registros de principios activos y formulados sean sometidos a las mismas evaluaciones de riesgos (toxicidad aguda, subcrónica, crónica, carcinogenicidad, genotoxicidad, mutagenecidad, teratotegenecidad) exigiendo a las empresas a que acrediten la inocuidad de sus productos utilizando protocolos de análisis que garanticen conclusiones seguras.

El proyecto Basterra legitima a que el SENASA persista en sus omisiones, al no establecer EN EL PROPIO TEXTO DE LA LEY, parámetros seguros y objetivos de base para los protocolos de análisis de riesgos, principalmente en los que refiere los riesgos crónicos y carcinogeneticos, donde sabemos y denunciamos que las empresas (como Monsanto) con el consentimiento del SENASA utilizan protocolos de toxicidad sub crónica (plazos a 90 días) para las evaluaciones crónicas (cuyos protocolos deberían exigir evaluaciones de largo plazo – mínimo 2 años-).

Asimismo resulta necesario que la ley establezca un plazo de caducidad para las autorizaciones de los registros de agrotóxicos que obligue a las empresas a revalidarlas como mínimos cada tres años. El proyecto Basterra otorga abiertamente autorizaciones INDEFINIDAS EN EL TIEMPO, favoreciendo a las corporaciones del sector agrotóxico.

Por todo ellos y muchas otras cuestiones más, es que expresamos:

UN ROTUNDO RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE AGROTOXICOS DE BASTERRA, EXIGIENDO A LOS REPRESENTANTES LEGISLATIVOS A QUE NO LO TRATEN NI APRUEBEN SIN PREVIAMENTE ATENDER LAS CONSIDERACIONES Y RECLAMOS DE LAS ORGANIZACIONES Y ASAMBLEAS SOCIOAMBIENTALES, RED DE PROFESIONALES, CIENTÍFICOS INDEPENDIENTES, UNIDADES ACADÉMICAS, UNIVERSITARIAS y DE INVESTIGACIÓN, DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL; Y EN CONSECUENCIA ABRIR UN DEBATE ABIERTO Y SINCERO DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS AGROTOXICOS, PARA AVANZAR EN UNA LEY QUE PROTEJA LA VIDA, LA SALUD,EL AMBIENTE, LA BIODIVERSIDAD Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, PENSANDO NO SOLO EN ESTA SOCIEDAD ACTUAL SINO TAMBIÉN EN LAS GENERACIONES FUTURAS.

Legislen para cuidar los derechos humanos de todos los argentinos y no para preservar los negocios de las corporaciones.

10 de diciembre de 2015

Red de Médicos de Pueblos Fumigados