Cinco años pasaron desde Juicio a las Fumigaciones que contaminaban a las 5000 personas que viven en Bº Ituzaingó anexo del sureste de la ciudad de Córdoba, y de una sentencia que reconocía que los agrotóxicos aplicados en los cultivos de soja y maíz transgénicos ponen en peligro la salud de las personas. Una gran cantidad de enfermos de cáncer y una anormal distribución espacial de los casos fueron pruebas contundentes de esta contaminación.
La sentencia trajo algo de alivio a la población, sobretodo en el sentido de que desde ese momento ya no se podría fumigar nunca más esos campos. Pero las secuelas de muerte y enfermedad quedaron en el barrio y aun persisten.
El reclamo para que Paren de Fumigar, que tenía más de 12 años recién era escuchado y esta lucha encabezada por las “Madres de Bº Ituzaingó” se convirtió en un ejemplo para muchos pueblos fumigados que hoy se levantan reclamando que dejen de fumigarlos y enfermarlos. Desde esa época hasta ahora hemos logrado que más de 400 pueblos hayan dictado sus propias normas jurídicas (ordenanzas) que impiden las fumigaciones periurbanas y disminuyen la exposición química con estos venenos de su población, 150 son de Córdoba, pero estas medidas, aunque necesarias y útiles, aun son insuficientes.
En el último año (2016) aumento un 17% el volumen de agrotóxicos que se esparcen sobre los argentinos por año, volumen que ya alcanza a 400 millones de kilos, mientras que los índices de cáncer, abortos y malformaciones congénitas no dejan de aumentar en el interior del interior del país, situación que es reconocida por estudios financiados por el Ministerio de Salud de la Nación y recién hechos públicos en 2015.
En 2007, junto con otros colegas, fuimos los responsables de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Córdoba y ante nosotros concurrieron las Madres de Ituzaingó reclamando por la salud amenazada de sus hijos y esposos, nuestra respuesta médica y ética fue detener las fumigaciones en Bº Ituzaingó inmediatamente, proceso que culminó en el juicio a las fumigaciones del año 2012.
Hoy otros profesionales están frente a la cartera de Salud de la ciudad y una enorme destilería de bioetanol de la empresa Porta Hnos. asola la salud de los vecinos de Bº San Antonio, pero ahora la respuesta de la Secretaria de Salud es negar la existencia de los enfermos, ocultar los niños malformados y proteger los intereses comerciales de la empresa privilegiándolos sobre el derecho a la salud de los vecinos. Nuevamente las madres y habitantes de Bº San Antonio reclaman justicia en defensa de sus derechos humanos básicos, como antes en Bº Ituzaingó.-
